La cuestión catalana: origen, desarrollo, y perspectivas

José E. De Ayala realizó este estudio para la Fundación Alternativas 

La cuestión catalana: origen, desarrollo, y perspectivas

Cataluña es una de las regiones más ricas de España y, gracias a su Estatuto de Autonomía, goza de un autogobierno comparable al existente en los Estados federales. Ha sido parte de España desde que España existe, pero a lo largo de la historia ha habido varios episodios de desacuerdos e intentos de independencia. Desde principios de este siglo, los partidarios de la secesión han iniciado un proceso de soberanía, ignorando la Constitución y la legalidad española, que culminó, en octubre de 2017, con una declaración unilateral de independencia, que implicó una intervención temporal de su autogobierno por parte del Gobierno español y el juicio y condena de sus principales líderes, además de no ser reconocida por ningún país u organización internacional en el mundo. La sociedad catalana es plural, formada en parte por emigrantes de otras partes de España, y está muy dividida sobre este tema. Los partidarios de la independencia nunca han logrado obtener el 50% de los votos en ninguna de las numerosas elecciones celebradas, aunque hay una mayoría favorable a aumentar el nivel de autonomía. La solución a este conflicto solo puede venir con el logro de un acuerdo político que establezca una nueva relación entre Cataluña y el resto de España, que satisfaga a la mayoría, sin la necesidad de romper. Pero esta solución será difícil tanto por el radicalismo de algunos líderes separatistas como por la falta de acuerdo entre los partidos españoles sobre cómo abordar la cuestión.

El proceso soberanista catalán 

La pérdida de poder de los nacionalistas de centro derecha de CiU – hasta entonces moderados – en las elecciones al Parlament de Cataluña de 2003, en favor de un tripartito de izquierdas formado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), bajo la presidencia del socialista Pasqual Maragall, que sería sustituido en 2006 por el también socialista José Montilla, marca un punto de inflexión en relación de Cataluña con el conjunto de España. 

El Gobierno tripartito puso en marcha la elaboración de un nuevo Estatuto de Autonomía, para sustituir al aprobado en 1979, y acceder a un mayor nivel de autogobierno, dentro de un concepto de “España plural” que se adecuaría mejor a la realidad histórica y actual de Cataluña. El Parlament de Cataluña aprobó el nuevo Estatuto en septiembre de 2005 con una amplísima mayoría del 88,89%, contando con la aprobación de CiU y con la única oposición del Partido Popular (PP), el partido principal de la derecha española. En ese momento el PP había perdido el poder en Madrid a favor del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Tal como establece la Constitución, el Estatuto tenía que ser después aprobado por las Cortes Generales (parlamento) españolas. Pero en ese trámite se introdujeron cambios importantes que rebajaban sustancialmente las ambiciones del texto aprobado en Cataluña. El nuevo texto, regresó en marzo de 2006, al Parlament, que lo volvió a aprobar, aunque en esta ocasión con una mayoría más exigua (71,85%), ya que ERC consideró que los recortes que había sufrido en Madrid le habían desnaturalizado y votó en contra. En junio de 2006 el Estatuto fue sometido al referéndum de los ciudadanos de Cataluña y fue aprobado por un 73,2% de votos afirmativos, aunque con una participación de solo el 48,9%. El Estatuto entró en vigor, pero el PP seguía oponiéndose y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, sobre la mayor parte del nuevo Estatuto, primero directamente y luego a través de cinco Comunidades Autónomas en las que gobernaba. 

La modificación por las Cortes Generales del Estatuto votado en primera instancia por el Parlament, produjo las primeras señales de ruptura política en Cataluña y supuso el principio de un cambio que se llamó después “proceso soberanista” y que llevaría a una gran parte de la clase política y de los ciudadanos catalanes a una deriva independentista en muy pocos años. Como hemos dicho, ERC fue el primer partido en desmarcarse del consenso general de los partidos catalanistas y rechazar el nuevo Estatuto. En febrero de 2006, mientras se estaba debatiendo en Madrid el texto del estatuto, se produjo en Barcelona la primera manifestación soberanista significativa para apoyar el “derecho a decidir” de la “nación catalana”, a la que seguiría otra, en diciembre de 2007, ambas convocadas por la Plataforma por el Derecho a Decidir, y apoyadas por ERC. Paralelamente, se produjo un cambio en la posición de CiU, que pasó de ser autonomista a soberanista, impulsada por la necesidad de recuperar el poder, y también – según algunos analistas – por la necesidad de una huida hacia adelante debido a los casos de corrupción que estaban saliendo a la luz a raíz de su salida de las instituciones. Este cambio de CiU sería trascendental para el desarrollo del proceso, puesto que junto con ERC formaron un núcleo de una gran fuerza política y electoral. 

El descontento, que estaba teniendo gran impacto en parte de la población catalana, se agravó definitivamente en junio de 2010 cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia sobre el recurso presentado por el PP, que introdujo nuevos recortes sobre lo ya aprobado por los catalanes en referéndum, hasta el punto de que casi todos los avances sobre el Estatuto de 1979 quedaban sin efecto. La sentencia produjo una crisis que dividió incluso al PSC, y supuso el final del Gobierno tripartito, y la mejora espectacular de las perspectivas electorales de CiU. En julio la organización Omnium Cultural convocó una manifestación con el lema “Somos una nación. Nosotros decidimos” a la que acudieron centenares de miles de personas, y en la que aparecieron banderas independentistas y se gritaron lemas a favor de la independencia. 

CiU ganó las elecciones al Parlament en noviembre de 2010 y su nuevo líder, Artur Mas, fue investido Presidente de la Generalitat, aunque sin mayoría absoluta. Su proyecto principal, el denominado “pacto fiscal” que pretendía conseguir para Cataluña un sistema fiscal nuevo – y más beneficioso – similar al que ya tenía el País Vasco, fracasó en julio de 2012 por el rechazo frontal del presidente del Gobierno español, que ya estaba en manos del PP. Este fracaso, junto a las declaraciones de varios municipios a favor de la independencia, y – sobre todo – la multitudinaria manifestación del 11 de septiembre convocada por la denominada Asamblea Nacional de Cataluña con el lema “Cataluña, un nuevo Estado en Europa”, contribuyeron a decantar definitivamente a CiU hacia la vía soberanista. En septiembre, el Parlament aprobó una moción en la que se pedía convocar una consulta sobre la independencia de Cataluña, que debería celebrarse en la siguiente legislatura, y en noviembre se celebraron elecciones anticipadas, que fueron ganadas de nuevo por CiU, aunque lejos de las expectativas de conseguir mayoría absoluta, pues perdió 12 escaños. No obstante, llegó a un acuerdo de investidura con ERC, sobre la base de realizar la consulta de autodeterminación, y Artur Mas volvió a ser investido Presidente. 

En enero de 2013 el Parlament aprueba la “Declaración de Soberanía y del derecho a decidir del Pueblo de Cataluña”, que es suspendida por el Tribunal Constitucional cautelarmente en mayo y definitivamente en marzo de 2014. A pesar de la suspensión cautelar, en diciembre de 2013 el Presidente de la Generalidad anuncia la convocatoria de un referéndum el 9 de noviembre de 2014, incluyendo una pregunta con dos apartados: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado?”, “En caso afirmativo, ¿quiere que este Estado sea independiente?”, y en septiembre de 2014 el Parlament aprueba una Ley de Consultas para amparar legalmente su celebración. El Tribunal Constitucional suspende cautelarmente tanto la Ley como el referéndum, que finalmente se convierte en un proceso de participación ciudadana sin carácter vinculante, en el que votan solamente un 37,02% de los censados, de los cuales un 80,76% se declaran a favor de la independencia, y que no tiene ningún efecto político. 

En enero de2015 el Presidente Artur Mas anuncia para el mes de septiembre un adelanto de las elecciones al Parlament, que en esta ocasión se entenderían como un plebiscito sobre la independencia de Cataluña, comprometiéndose a declarar la independencia en un plazo de 18 meses si los partidos soberanistas ganaban las elecciones. La coalición entre Convergencia y Unión se rompe por la negativa de este último partido a secundar la vía unilateral a la independencia, y Convergencia cierra un acuerdo con ERC para presentarse juntos a las elecciones bajo las siglas Junts pel Si, coalición que finalmente ganaría las elecciones, pero sin mayoría absoluta. La necesidad de apoyo del otro partido independentista, Candidatura de Unidad Popular (además – CUP), un partido de izquierdas que no aceptaba a Artur Mas por sus posibles relaciones con prácticas corruptas de la antigua Convergencia, obligan a éste a ceder la presidencia a favor de Carles Puigdemont. Aunque Junts pel Si y CUP tenían en conjunto la mayoría absoluta del Parlament (72/135), debido un sistema electoral que prima el voto rural sobre el urbano, no alcanzaron el 50% del voto emitido, sino el 47,8%,1 lo que llevo al candidato de CUP a declarar que el plebiscito se había perdido como tal, a pesar de lo cual el proyecto soberanista siguió su curso basándose en la mayoría parlamentaria independentista, que aprobó en noviembre una resolución en la que se declaraba solemnemente el inicio del proceso de creación del Estado catalán independiente en forma de república. 

El Tribunal Constitucional suspendió esta resolución cautelarmente en noviembre y definitivamente en diciembre, lo que no impidió que el Parlament siguiera con sus planes. En octubre de 2016 aprobó una resolución en la cual se instaba al Gobierno catalán a celebrar un referéndum vinculante sobre la independencia de Cataluña, a más tardar, en septiembre de 2017. En junio de 2017 el Presidente Puigdemont anunció que el referéndum se celebraría el 1 de octubre, y que en la papeleta de voto aparecería la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república? Sí o No” Entre el 6 y el 8 de septiembre la mayoría independentista del Parlament aprobó dos leyes que señalaban la ruptura definitiva con el marco jurídico de la Constitución y el Estatuto: la denominada “Ley del referéndum de autodeterminación vinculante sobre la independencia de Cataluña”, que regulaba las normas de celebración de la consulta incluyendo la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña, en la que se declaraba que el pueblo de Cataluña es un sujeto político soberano y como tal ejerce el derecho a decidir libre y democráticamente su condición política y establecía que la independencia se proclamaría dos días después de la publicación de los resultados oficiales si el “sí” obtenía más votos que el “no”, sin requerir una participación mínima. 

El Tribunal Constitucional suspendió cautelarmente la aplicación de la ley el 7 de septiembre y definitivamente el 17 de octubre, al entender que la norma invadía competencias estatales y vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía nacional. La segunda fue la llamada “Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana”, cuya finalidad era garantizar la seguridad jurídica, así como la sucesión ordenada de las administraciones y la continuidad de los servicios públicos, durante el proceso de transición de Cataluña hacia el estado independiente de la República de Cataluña. En su artículo 1 declaraba que “Cataluña se constituye en una República de derecho, democrática y social”. El 12 de septiembre, el Tribunal Constitucional acordó también la suspensión de esta ley. La votación de ambas leyes, que rompían definitivamente con la legalidad española, se hizo por procedimientos extraordinarios, sin respetar los derechos de las minorías parlamentarias. Los letrados del Parlament advirtieron antes de su aprobación que el Parlament no tenía competencias para aprobarlas y el Consejo de Garantías estatutarias advirtió de que no se había pedido el preceptivo informe antes de su discusión. Además en ninguna votación se alcanzó la mayoría de 2/3 requerida por el propio Estatuto para su modificación. 

Finalmente, el 1 de octubre se celebró el referéndum, a pesar de estar suspendido por el Tribunal Constitucional y de las advertencias del gobierno central. La Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron para impedir la votación y entraron en unos 400 colegios electorales, que teóricamente correspondían a un 14,4% del censo. Hubo episodios de violencia por ambas partes, ampliamente difundidos. Según el Gobierno catalán 893 civiles fueron atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas de Cataluña, aunque el juez que investigó el caso por la denuncia presentada por la Generalidad estableció en 130 el número de heridos por las cargas policiales. En el otro lado, según el Ministerio del Interior, 431 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil resultaron heridos. 

La votación no tuvo las mínimas garantías de limpieza, ni de control ya que todos los miembros de la Sindicatura Electoral de Cataluña, que era teóricamente la encargada de garantizar su cumplimiento, habían dimitido. Apenas 45 minutos antes de comenzar, se cambiaron las normas incluyendo un censo universal (tampoco había ninguna garantía de que el censo fuera correcto) permitiendo a cualquier ciudadano votar en cualquier centro, además de aceptarse papeletas caseras y votos sin sobre. En consecuencia, se registraron, documentadas en videos, casos de ciudadanos votando más de una vez en diferentes centros, votos de extranjeros no incluidos en el censo, e incluso de niños. También se detectó el transporte de urnas sin precintar conteniendo votos en su interior, así como urnas en la calle en las que cualquier ciudadano sin control censal podía depositar los votos que quisiera. 

El recuento adoleció de la misma falta de garantías, ya que no existían interventores de los partidos no independentistas ni existió un órgano independiente que lo controlara. Los resultados oficiales de la Generalitat no se conocieron hasta el 6 de octubre y eran muy diferentes de los provisionales que se difundieron el día de la votación. Según estos resultados, la participación fue del 43,03%, con un 90,18% de votos afirmativos, que corresponderían a 2.044.038 personas, una cifra similar al número de votos que obtuvieron los paridos independentistas en las elecciones de 2015 y 2017. Los observadores internacionales, que habían sido llamados por la Generalitat, consideraron que la ley que posibilitaba el referéndum no cumplió una serie de buenas prácticas, y que el referéndum no pudo cumplir los estándares internacionales debido a las circunstancias adversas en que tuvo lugar. 

El 10 de octubre, el Presidente Puigdemont declaró la independencia de Cataluña aunque suspendió inmediatamente sus efectos “para emprender un diálogo para llegar a una solución acordada para avanzar en las demandas del pueblo de Cataluña”. Al día siguiente, el Gobierno central hizo un requerimiento al Presidente para que aclarase si efectivamente había declarado la independencia, como paso previo para la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé – del mismo modo que otras constituciones de carácter federal, como la alemana – la intervención estatal “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España.” El 27 de octubre el Parlament aprobó la Declaración Unilateral de Independencia (DUI)2 en una votación claramente ilegal, y ese mismo día el Gobierno central aplicó el Artículo 155, cesó al Gobierno catalán, disolvió el Parlamento, asumió todas las competencias autonómicas y convocó elecciones para el día 21 de diciembre. Ningún Estado del mundo ni ninguna organización internacional reconoció la declaración de independencia de Cataluña. 

Muchos de los líderes independentistas, incluida la mayor parte del Gobierno de la Generalitat, así como los líderes de las organizaciones soberanistas Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural fueron encarcelados, acusados de rebelión y otros delitos, mientras que el Presidente Puigdemont y otros seis huyeron de la justicia española y encontraron refugio en otros países europeos. El juicio de los 12 principales acusados tuvo lugar en el Tribunal Supremo en los primeros meses de 2019. La sentencia, que se conoció el 14 de octubre de ese año, condenó a penas que iban desde el pago de multas y la inhabilitación para tres de ellos a penas de cárcel de entre nueve y trece años para los otros nueve, por delitos de sedición, malversación de fondos públicos, y desobediencia. Actualmente cumplen condena en cárceles catalanas controladas por la Generalitat de Cataluña, que tiene transferidas las competencias de prisiones, y ya han tenido algunos permisos para salir a trabajar o cuidar a familiares que han sido recientemente revocados por el Tribunal Supremo. 

La condena a los líderes del proceso soberanista – aunque esperada – creó una gran conmoción en Cataluña, y no solo en los sectores independentistas. El 14 de octubre el Aeropuerto de Barcelona fue ocupado por miles de manifestantes independentistas, provocando la cancelación de 108 vuelos. En Gerona grupos de manifestantes cortaron las vías del tren de alta velocidad, en otros lugares fueron cortadas las carreteras. Los disturbios duraron cinco días, en los que 579 civiles y 288 agentes de policía resultaron heridos. Fueron detenidas 194 personas de las que 28 ingresaron en prisión provisional.3 

El independentismo ha utilizado a los presos como bandera y ejemplo de la falta de democracia del Estado español, presentándolos tanto en Cataluña como en el resto de Europa y del mundo como presos políticos que estarían en prisión por sus ideas. Esto es completamente falso como lo demuestra el mismo hecho de que los que denuncian esa situación puedan hacerlo sin tener ningún problema por ello. En Cataluña hay una parte muy importante de la población que profesa ideas independentistas, incluido el propio Gobierno catalán actual encabezado por su último presidente (recientemente inhabilitado por desobediencia a la Junta Electoral), y no son perseguidos por ello. Los políticos condenados por el Tribunal Supremo no lo han sido por defender sus ideas, a lo que tienen derecho, sino por cometer delitos tipificados en el Código Penal, que fue aprobado democráticamente, y contra la Constitución, que fue refrendada masivamente, incluso en Cataluña, por los ciudadanos. España es uno de los países más libres del mundo. En el Índice de Democracia que publica anualmente The Economist, España aparece (2019) en el puesto 16 entre los únicos 22 países del mundo que se consideran democracias completas.

Muchos analistas, incluso no independentistas, han acusado al gobierno español – entonces del PP – de judicializar un conflicto que debía haberse tratado en el ámbito político. Desde luego, el Gobierno del PP fue pasivo ante el deterioro de la situación y podía haber tomado iniciativas políticas, que no tomó, para intentar reconducir la situación. Pero los culpables de que el asunto se judicializara no fueron las instituciones españolas, sino aquellos que hicieron caso omiso de las decisiones del Tribunal Constitucional y vulneraron consciente y reiteradamente las leyes. 

No obstante, el sentimiento de agravio revitalizó el independentismo, a pesar de la decepción de la fallida DUI, y en las elecciones del 21 de diciembre de 2017, los tres partidos independentistas volvieron a conseguir en conjunto la mayoría en el Parlament, aunque el partido más votado fue Ciudadanos, opuesto frontalmente a la independencia. En esta ocasión, los sucesores de Convergencia – bajo las siglas Junts per Catalunya (además – JxC) – y ERC se presentaron por separado. Junto con la CUP obtuvieron 70 diputados, dos menos que en 2015, y un total del 47,5% de los votos emitidos, tres décimas menos que en la elección anterior. Joaquim Torra, un activista independentista próximo a Puigdemont – quien ha seguido dirigiendo la política catalana desde Bruselas, – fue elegido Presidente de la Generalitat, restaurándose así las instituciones y competencias que la aplicación del artículo 155 había suspendido. 

En junio de 2018, ERC votó a favor de la moción de censura que dio por terminado el Gobierno del PP en Madrid, a favor de Pedro Sánchez, líder del PSOE, y en enero de 2020 facilitó, absteniéndose, la investidura del mismo Sánchez al frente de un Gobierno de coalición con la formación izquierdista Unidas Podemos, a cambio de la constitución de una mesa de diálogo bilateral entre el Gobierno de España y el de Cataluña para tratar el contencioso en todos sus aspectos, a lo que el Gobierno actual se ha mostrado favorable. Esta posición ha supuesto una causa de división con el otro gran partido independentista, JxC, que votó en contra de la investidura. De hecho ambos partidos, están cada vez más enfrentados entre sí, ya que compiten por ser el principal partido soberanista catalán, y el Gobierno catalán – que comparten – se sostiene a duras penas debido a esa división. A finales de enero, el Presidente Torra dio por finalizada la legislatura y anunció que convocaría elecciones una vez que los presupuestos anuales fueran aprobados. La crisis de la pandemia Covid19 ha paralizado por el momento ésta y cualquier otra iniciativa política. Pero el Presidente Torra fue condenado en diciembre de 2019 a una inhabilitación de un año y medio por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por desobedecer la orden de retirar símbolos partidistas de los edificios públicos en período electoral. El Tribunal Supremo ha ratificado esta sentencia en septiembre de 2020, y las nuevas elecciones están previstas para el 14 de febrero.