EL PRESIDENCIALISMO ENCUBIERTO O LA TRANSFORMACIÓN DE UN RÉGIMEN POLÍTICO

· El 2 de julio de 2008, en el Colegio de Abogados de Barcelona, el Catedrático y ex Magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, disertó sobre un tema de rabiosa actualidad y de una trascendencia capital para la higiene y la salud políticas: 'El presidencialismo encubierto o la transformación de un Régimen Político'.

· El profesor M.J. de Parga empezó su disertación citando varios artículos de la Constitución Española vigente, según los cuales nuestro régimen político es un régimen parlamentario (art. 3.1. “La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”; art. 66.2. “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuyen la Constitución”; art. 101.1. “El Gobierno cesa tras la celebración de las elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente”). Según estos preceptos, el poder reside en el Parlamento o Cortes Generales, de las que se derivan el Gobierno y las demás instituciones.

· Ahora bien, a pesar de los preceptos citados y de las previsiones constitucionales, en la práctica, nuestro régimen político es más bien presidencialista: el poder tiene su sede en el Presidente del Gobierno, que hace y deshace e impone al Parlamento sus decisiones, y no en la sede parlamentaria. Esta transformación de nuestro régimen político no es un fenómeno exclusivo y característico de España. Se trata, más bien, de una metamorfosis generalizada en numerosos países. Para explicar esta transformación (pasar de un “régimen parlamentario” a uno presidencialista), M.J. de Parga aportó dos argumentos contundentes y muy convincentes.

· Por un lado, citó el “tipo de partidos políticos” que existen en España. A lo largo de la historia ha habido diferentes tipos de partidos políticos: partidos de notables, partidos de masas y partidos de electores. Hoy, sin embargo, en nuestro país, lo que existen son “partidos de empleados”: partidos formados por afiliados que están a sueldo de la organización o que han conseguido o van a conseguir un puesto de trabajo, fruto de la conquista del poder (local, autonómico o nacional) por parte de los diferentes partidos en liza. Esto hace que los militantes y los elegidos en las diferentes contiendas electorales estén domesticados y sean sumisos a los dictados del jefe del partido o del Gobierno. El Profesor M.J. de Parga contrapuso los políticos de hace 30 años (personas que se ganaban la vida en actividades profesionales privadas, fuera y alejadas de la política) a la mayor parte de los políticos actuales de España (personas que no tienen oficio reconocido, que no se sabe cómo se han ganado la vida y que nunca se han ganado la vida fuera de la política; es decir, personas cuya biografía profesional se reduce a la vida en el partido). Esta clase política ha favorecido el paso del régimen parlamentario al régimen presidencial.

· El otro argumento que milita a favor del presidencialismo es el “sistema electoral” imperante en nuestro país. Según el profesor M.J. de Parga, nuestro sistema electoral se caracteriza por tres rasgos fundamentales.

· Por un lado, el Real Decreto-ley de 1977, que reguló las primeras elecciones, pero que tenía carácter transitorio y que pretendía reducir la “sopa de letras” de los excesivos partidos políticos, favoreció a los “partidos mayoritarios”. Cuando se votó la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, de 19 de Junio de 1985, lo que en un principio se dijo “que sería provisional” (para salir del paso) se consolidó y, por eso, hoy tenemos dos grandes partidos nacionales. Este statu quo, que no favorece la representación de las minorías, no ha sido puesto en tela de juicio por ningún partido mayoritario, a pesar de la desafección de una parte importante del electorado.

· Otro rasgo definitorio de nuestro sistema electoral son las “listas cerradas y bloqueadas”, elaboradas por la cúpula de los partidos para que los candidatos fieles y sumisos al “jefe”, pero no los más preparados, puedan ganarse la vida. De ahí el nivel de preparación y de formación deficiente de la mayor parte de los componentes de los distintos Parlamentos (tanto del nacional como de los autonómicos). Ante este estado de cosas, el Profesor M.J. de Parga se preguntó si las “listas abiertas” podían ser la solución. Para él, esta alternativa no ha dado los resultados deseados y esperados. Por eso, él preconiza la solución adoptada por el sistema electoral alemán, que funciona positivamente: los votantes utilizan dos papeletas (una con una lista cerrada y la otra abierta).

· Finalmente, el último rasgo distintivo de nuestro sistema electoral se refiere a los “gastos excesivos” de las campañas en España. A los partidos les faltan medios económicos y estos gastos hay que pagarlos y alguien tiene que hacerlo. Y los que han pagado (los poderes económicos) pasan religiosamente después la factura, lo que distorsiona y perjudica el funcionamiento democrático tanto de los partidos como de los Parlamentos y de los Gobiernos. El profesor M.J de Parga ilustró esta dependencia de los poderes económicos con una anécdota de su etapa de ministro de uno de los Gobiernos de UCD (se tomaron ciertas medidas a favor de las compañías eléctricas para resarcirlas por las ayudas recibidas para financiar la campaña electoral).

· A pesar de los aspectos indeseables en el funcionamiento de los partidos políticos, éstos son necesarios y preferibles a los “grupos de presión o de intereses”, que reemplazaban a los partidos durante el Régimen Franquista. Por otro lado, hoy, según el Profesor M.J. de Parga, un mundo nuevo está surgiendo gracias al desarrollo tecnológico (teléfonos móviles, Internet, periódicos digitales, medios de desplazamientos espaciales rápidos y cómodos, etc.). Y muchos de los problemas presentes, consecuencia de un “presidencialismo encubierto”, se podrían solucionar si se hace un buen uso de estos nuevos medios modernos.


© Manuel I. Cabezas

Crisis económica

SANTIAGO NIÑO BECERRA 13/04/2009

Lo que está pasando. Para salir de la gravísima crisis económica a la que se enfrenta el mundo hay que acabar con el despilfarro, tenemos que ser más ecológicos y utilizar los recursos de forma muy productiva.

Cuál es el escenario en el que nos estamos viendo inmersos, cada día con más certidumbre, cada vez con mayor dramatismo? Los datos son inequívocos. Estancamiento, en el mejor de los casos, o decrecimiento del producto interior bruto (PIB); aumento del desempleo, galopante en varias economías, por ejemplo en la española; caída generalizada de la inversión; hundimiento del consumo; oferta de crédito muy inferior a las necesidades que de crédito existen. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué está sucediendo?

El grado de endeudamiento de las personas y las empresas ya no puede crecer más. Debemos aplicar cambios profundos y permanentes que afectarán a nuestro modo de vida.

En la evolución temporal de los sistemas económicos se dan dos tipos de tensiones. Algunas se pueden solucionar con relativa facilidad, pues para hacerles frente es suficiente con variar uno, o a lo sumo dos, parámetros económicos; otras tensiones del sistema económico, en cambio, suelen tener una evolución demoledora.

Las primeras, las recesiones coyunturales, pueden ser puntualmente intensas, pero, cuando menos, tienen la virtud de ser relativamente breves; las segundas, por el contrario, son intensas, prolongadas, dramáticas. A lo largo de la historia, el número de esta segunda clase de tensiones es escaso, pero su duración puede dilatarse largamente en el tiempo. Son las crisis sistémicas.

Las crisis sistémicas se caracterizan porque al estallar afectan al propio funcionamiento del sistema y a fin de salir de ellas es preciso sustituir o modificar en profundidad algunos elementos constitutivos del mismo, de forma que se introduzca en él una nueva forma de operar. La crisis de 1929, que condujo a la Gran Depresión, fue de estas características. La crisis ante la que ahora nos hallamos también lo es.

El crash de 1929 se produjo porque el modo de funcionamiento del sistema se agotó: el incremento tan elevado de la productividad habido a partir de 1923 dio lugar a una oferta que no pudo ser absorbida por la demanda, porque ésta era limitada e insuficiente; los instrumentos que se aplicaron, tratando de revertir la situación, no funcionaron debido precisamente a que eran hijos de la situación que pretendían arreglar y, en consecuencia, estaban viciados por ella. La verdadera solución de esa crisis no llegó en realidad hasta 1950, cuando se dotó al sistema de una nueva forma de funcionar.

Actualmente está sucediendo algo muy semejante. El impulso creado por los cambios introducidos en el sistema a partir de 1950 quedó agotado en 1973, que es el momento en el cual se hizo patente que el precio de las commodities, en especial el precio del petróleo, no iba a continuar siendo tan bajo como hasta entonces. Como reacción, se introdujeron cambios que permitieron mejorar la productividad, pero el resultado de ese incremento fue la desvinculación del crecimiento económico de la creación de empleo, y esta circunstancia acabó incidiendo en el equilibrio entre la oferta y la demanda, en un entorno de creciente inestabilidad monetaria. La solución a este problema no resuelto llegó en 1991 y quedó reforzada en 2002.

Fue ingeniosa y simple: los problemas se resolvieron con un aumento exponencial del volumen de crédito concedido a familias y empresas; y el resultado fue brillante: la inversión aumentó, a la vez que lo hacía el consumo, mientras que el desempleo provocado por la oleada de deslocalizaciones fue en parte enjugado por un sector servicios en constante progresión.

Entre el año 2003 y mediados de 2007, con unos tipos de interés excepcionalmente reducidos, y con una, en la práctica, total liberalización en el tránsito de capitales, el PIB comenzó a crecer empujado por la inversión y por el consumo, a la vez que la deuda privada se disparaba en todas las economías, aunque en unas más que en otras. El desenlace es conocido.

Hoy hemos alcanzado un momento en el que este modo de operar se ha agotado. Y no es que se haya agotado desde una perspectiva sólo financiera, sino que lo ha hecho en un nivel puramente físico: el grado de endeudamiento de las personas y de las empresas ya no puede crecer más. Sin ir más lejos, en el caso de España, el endeudamiento familiar y empresarial supera en dos veces el valor añadido que la economía española genera en un año. Y en el caso de Estados Unidos, el endeudamiento es mayor que el valor de la producción estadounidense correspondiente a bastante más de tres años. No es posible que todo ese volumen de deuda continúe creciendo. Pero a la vez, no es posible que se continúen despilfarrando recursos tal como se han estado despilfarrando hasta ahora. Y no es posible, no sólo desde el punto de vista de la ecología, sino por mera eficiencia del propio sistema.

El actual modo de funcionamiento del sistema productivo, desde su mismo origen, fue altamente despilfarrador. Partía de una base errónea, ya que suponía que la cantidad de recursos de los que podía disponer era ilimitada. De todos los recursos, desde el petróleo hasta el uranio, desde el cobre hasta el agua. Por consiguiente, el modo de producción puesto en funcionamiento por nuestro sistema no se paraba a pensar en la eficiencia en el uso de tales recursos. En todo caso, la preocupación era, tan solo, cómo obtener los recursos precisos al más bajo precio posible. Y debido a que durante muchos años el precio de las commodities fue muy reducido, la eficiencia en el uso de los recursos continuó brillando por su ausencia.

La crisis de 1973 concienció a las fuerzas productivas de que la productividad tenía que mejorarse porque el precio de los recursos comenzó a aumentar, pero las fuerzas productivas continuaron actuando como si la cantidad disponible de recursos fuera infinita, lo que no es cierto. No lo era entonces ni lo es ahora. Hoy se sabe que el número de años durante los que podremos disponer de petróleo o de uranio a un precio asumible es muy limitado, y que el agua potable es cada vez más escasa, y que el cobre fácil de obtener no es infinito.

El cambio sistémico que traerá la crisis que estamos comenzando a padecer y que se pondrá de manifiesto de forma especialmente dramática a mediados de 2010 nos hará desembocar en una situación en la que, tarde o temprano, el propio sistema comprenderá que los remedios que se han ido estableciendo desde el año 2007 no sirven de nada.

Y cuando por fin llegue ese momento, la salida de la gravísima y terrible situación a la que el mundo se enfrenta tendrá que consistir en la toma de conciencia de algo que deberíamos haber comprendido hace tiempo. A saber: que la eficiencia en el uso de los recursos debe regir de forma prioritaria la toma de decisiones, y que es a través de la mejora continuada de la productividad como se pueden conseguir los cambios necesarios para ver la salida de la crisis.

Dicho así no suena mal: hay que acabar con el despilfarro, tenemos que ser más ecológicos, debemos utilizar los recursos de forma muy productiva. No suena mal, pero todos, Gobiernos, empresas y ciudadanos, debemos comprender y aceptar que para funcionar de ese modo tenemos que aplicar cambios drásticos y profundos, que afectarán muy notablemente a nuestro modo de vida. Y son unos cambios que tendrán que ser, además, permanentes. Introducir esos cambios, teniendo en cuenta que son de gran calibre, no es sencillo para nadie. Ni sencillo ni agradable, sobre todo al principio.

Santiago Niño Becerra es catedrático de Estructura Económica del IQS (Universitat Ramon Llull), y acaba de publicar El crash del 2010. Toda la verdad sobre la crisis (Los Libros del Lince)

Meditación sobre la caza y el Estado

12 de marzo de 2009

Algunos se enteran ahora de que en España se necesitan 17 licencias para cazar como se necesitan 17 licencias para pescar. Entre ellos se encuentra el presidente de Andalucía, mi viejo amigo y compañero de Facultad Manuel Chaves, quien -sólo después de que saltara a los medios el episodio del ya ex ministro de Justicia Fernández Bermejo- ha calificado tal sistema de «poco lógico» en declaraciones subrayadas por este periódico.

Y acto seguido, Chaves confíaba en que «los consejeros de Medio Ambiente de todas las Comunidades Autónomas, junto al Gobierno central, lleguen a un acuerdo para que haya una licencia de caza válida para todo el territorio nacional». Es decir, que el presidente andaluz está descubriendo el Estado. «Y a tales horas», como exclamó don Quijote en la aventura ante la jaula de los leones.

Pero no es el único que se topa con tan sensacional hallazgo.En el Ministerio de Sanidad pasa algo parecido estos días: como el documento que permite el acceso al Sistema Nacional de Salud es distinto en cada comunidad, están ideando el ministro del ramo y los 17 consejeros autonómicos un sistema unificado para toda España. Es decir, se hallan a punto de descubrir el Estado, una institución que es hucha del tiempo y, como tal, luce barbas luengas y canosas.

Idéntica emoción inventora se está produciendo en el mismo departamento al comprobar que los calendarios de las vacunas de los niños difieren en cada territorio, pues los hechos diferenciales han acabado afectando a la prevención infantil del sarampión. Así de exigente se muestra a veces la España plural.

Cuando un ciudadano entra en un juzgado no puede imaginar que -en buena parte de España- la oficina que pisa y los oficiales que le atienden dependen de la correspondiente Comunidad Autónoma; el secretario, del Ministerio de Justicia; y el juez ... del Consejo General del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia...cualquiera sabe. ¿Tiene algo que ver esta donosa realidad con el hecho de que este personal no se pueda comunicar a través de las redes informáticas y ello provoque inseguridad? Probablemente, pero ¿y los beneficios que aporta toda esta riqueza organizativa a nuestra patria, nación de naciones, espejo del federalismo más avanzado?

Parecido caleidoscopio encontramos entre los demás funcionarios, pues pronto podremos enorgullecernos de disponer de 17 leyes de empleo público distintas, o de materias y contenidos educativos diferentes en cada región española. Y en la enseñanza universitaria, cada facultad está elaborando su propio plan de estudios para facilitar la «movilidad y la convergencia europea». Por su parte, no hay manera de que la Ley de Dependencia eche a andar porque las comunidades ostentan competencias en este sector, un detalle que ignoraban los redactores de la norma. ¿Y qué decir de la política hidráulica, que recientemente llevo a exclamar al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que «intentar trocear un río es una solemne estupidez»? ¿O de los cambios recientes en la administración del espacio radioeléctrico?

La crisis económica, que anuncia ya un crepúsculo surcado de arrugas, está siendo combatida por los 17 gobiernos con medidas tan descoordinadas que no faltan voces que piden en España la celebración de un G-17 donde alguien coja la batuta para poner orden en el desconcierto de ayudas a la vivienda, al empleo, a los vehículos, al hogar. A su vez, se elaboran presupuestos regionales sin lazo alguno con el nacional...

Quien no es lerdo se vale de las ocasiones que depara el decurso histórico para reflexionar y ajustar conductas y convicciones.

Pues bien, ¿no debería aprovecharse el episodio de las licencias de caza para meditar acerca del tipo de Estado que estamos construyendo? ¿No es suficientemente seria la situación económica como para extraer alguna conclusión que nos haga revisar viejos postulados?

Yo creo que sí. El Gobierno ha puesto en marcha un irreflexivo proceso de reforma de los Estatutos sin preguntarse previamente qué estaba funcionando bien y qué mal en nuestros servicios públicos, dando por buenas siempre las pretensiones de los gobernantes regionales -nacionalistas confesos a veces, otras simplemente conversos oportunistas-. Y, sin embargo, nos hacen tan serias señales desde instancias foráneas sobre el deterioro de muchos de esos servicios que unos gobernantes prudentes deberían prestarles atención. Los informes PISA sobre nuestra realidad educativa son demoledores; por su parte, nuestras universidades, tan autónomas y democráticas ellas, ni por casualidad aparecen en lugares destacados cuando de su valoración mundial se trata.

Y, últimamente, nada menos que el Parlamento Europeo acaba de atizar una buena resplandina a las autoridades urbanísticas españolas poniendo en cuestión el modelo sobre el que se asienta el desarrollo de ciudades y costas.

De otro lado, hemos contemplado el espectáculo de los presidentes de las Comunidades Autónomas acudiendo a La Moncloa para plantear sus reivindicaciones financieras: justas, sin duda, destinadas -¿cómo podía ser de otra manera?- a mejorar la vida de los ciudadanos de sus territorios. Y al presidente del Gobierno tratando de contentarlos con la creación de tantos fondos que acabaremos añorando el castizo y caciquil fondo de reptiles. Ante este panorama, la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿por qué el presidente no se interesa nunca por la forma en que sus colegas regionales gastan sus dineros? Porque, a lo mejor, se descubre ahora que haber creado una Universidad por cada provincia es una prodigalidad sin justificación alguna. O que la política hospitalaria se rige por criterios de dudosa racionalidad. O que hay demasiados coches oficiales o demasiados asesores y gabinetes, o demasiadas empresas públicas, televisiones, consejos consultivos y órganos administrativos de cuestionada utilidad, etcétera.

¿No se puede hablar de todo esto? Y sobre todo, ¿no se debería hablar antes de proceder a reformar Estatutos de Autonomía o buscar nuevos cauces de financiación para las regiones? ¿Por qué el Gobierno de la nación no utiliza las armas de que dispone para comprobar la racionalidad del conjunto del modelo administrativo y de gestión pública que se está construyendo?

Si no queremos sucumbir en el desbarajuste, tal modelo es indispensable que exista, siendo el Gobierno, como custodio del interés general de España, y las fuerzas políticas que han de ser convocadas a un pacto, los llamados a velar por su vigor y energía ordenadora.

Si miramos hacia atrás en la historia, comprobamos que los Austrias implantaron un modelo administrativo y un sistema de gobierno, lo mismo hicieron los Borbones, y la revolución liberal trajo otro asentado en una concepción determinada del papel del Estado.

La época que estamos viviendo ¿cuenta de verdad con un modelo de gestión pública? ¿O simplemente se va haciendo esto o aquello en función de la coyuntura o de las vigilias propiciadas por los votos en tal o cual ocasión parlamentaria?

Este es el problema que debemos plantearnos. Sin sectarismos ni esas groseras descalificaciones que pasan por cargar en el debe de la derecha todos los males ni los bienes en el haber de la izquierda (o viceversa). Aunque sólo sea porque ambas opciones han sido y son responsables de lo bueno y de lo malo que ha acontecido en España en el último cuarto de siglo: de los resplandores de los aciertos y de las sombras de los desaciertos. Entre estos últimos se halla claramente el navío averiado de una Administración ineficaz y cara, de un Estado cada vez más inerme, rebajado al deslucido papel de coordinador de territorios que ganan músculo, fuerza y potencia. Un Estado fragmentado y esqueletizado.

Ya que hablamos de caza, se impone pedir licencia para cazar el animal salvaje del despilfarro.

Una frase...

De un muy interesante libro de arquitectura he extraido este párrafo, para mostrar que hasta en los libros de contenido técnico-divulgativo se nos dejan ir mensajes político-ideológicos.

“Antonio Gaudí y Cornet, nacido en Reus, Tarragona, el 25 de junio de 1852, fue un ferviente catalán y un devoto católico, cuyas construcciones representan la expresión artística del resurgimiento político catalán. Pese a sus humildes orígenes, su fuerza de caracter y su inteligencia le permitieron ingresar, en 1873, en la Escuela Provincial de Arquitectura de Barcelona.

A pesar de su fervor catalanista - siempre se negó a hablar castellano -, Gaudí fue un hombre conservador, tanto en su vida privada como en el terreno espiritual. Nunca se casó, ni viajó, ni fundó una escuela de arquitectura. Sus visiones murieron con él en un momento en el que cobraba auge el moderno estilo internacional de arquitectura, geométrico y funcional.“

Si sólo leemos la negrita quedaría como:

"Antonio Gaudí y Cornet fue un ferviente catalán y un devoto católico. A pesar de su fervor catalanista Gaudí fue un hombre conservador."

Dos cosas: Ser un ferviente catalán parece ser lo mismo que ser catalanista, por lo que si se es catalán se ha de ser catalanista y, por el contrario, si no se es catalanista no se puede ser catalán. La segunda: Si, a pesar de su fervor catalanista Gaudí fue conservador, será por que los catalanistas no eran (¿Son?) conservadores. No sé cual es el contrario de conservador que se habría de utilizar: progresista, liberal, de izquierdas...

"El genio del hombre (Obras maestras de la arquitectura y la ingeniería)", Nigel Hawkes (Traducción: Juan Manuel Ibeas), Editorial Debate, Madrid 1990

Reformas estatutarias y fragmentación del Estado

Francisco Sosa Wagner
28 de marzo de 2009

Analizar la actual situación del Estado en España obliga a hacerlo con la vista puesta en la reforma estatutaria que hemos vivido en muchos rincones de la geografía española en medio de hipócritas invocaciones al modelo federal. Y digo “hipócritas” pues este jamás permitiría un proceso de modificaciones de la textura autonómica como el que se está produciendo en nuestro país. En los sistemas federales es muy claro que las piezas federadas forman un todo con las piezas federales y que no se pueden modificar aquellas sin que estas queden irremediablemente afectadas. Permitir que cada Comunidad autónoma proceda a aquellas modificaciones de su texto estatutario que sus respectivos órganos de gobierno consideren pertinentes sin existir un acuerdo previo de conjunto acerca de cuestiones fundamentales como las competencias, la financiación, las relaciones institucionales etc, es algo peor que una imprudencia: es un desatino que, por carecer de parentesco alguno con el modelo federal, lo aproxima peligrosamente al confederal o a una invención castiza. Se podrá sostener que, para armonizarlo todo, está prevista la intervención de las Cortes generales. Pero limitarse a ella olvida un dato fundamental de la realidad que a nadie pasa desapercibido: la existencia de partidos políticos que proclaman en sus idearios su clara vocación secesionista. Es decir que las previsiones de reforma estatutaria en España viven en la peligrosa inopia de considerar nuestro país como un país integrado, armónico, en el que las partes que lo conforman creen en el todo que las aglutina. Desgraciadamente, este no es el caso.

Por si todo ello fuera poco, nuestros mecanismos constitucionales prevén el referéndum como la guinda que culmina el horneado de un Estatuto (el catalán de junio de 2006 ha demostrado la escasa identificación de la población con los problemas que los políticos inventan y lo mismo o peor ha ocurrido con el Estatuto andaluz). Para colmo del dislate, tal pronunciamiento popular es perfectamente compatible con la tramitación de un recurso ante el TC que, según sus usos pausados, se resuelve en plazos geológicos. A nuestros efectos, sería igual que el TC se pronunciara en un plazo breve. Porque si tal Tribunal detectara alguna inconstitucionalidad ¿se advierte el conflicto institucional, conflicto de poderes, que se tendría sobre la mesa? La voluntad expresada en las urnas por la población “afectada” y el juicio de corrección jurídica enfrente. Jugar con la posibilidad de tales enfrentamientos entre poderes es una vía bastante segura para quemarse en ese fuego al que acabamos de hacer referencia.

En la actual hora española por tanto nunca se debió iniciar el banquete estatutario sin un acuerdo previo de todos los comensales y menos hacerlo movido por exigencias coyunturales de apoyos políticos y parlamentarios. Porque es evidente que aquello que se decida en el este afecta al oeste, y lo que se acuerde para el sur repercute en el norte al ser buena verdad que las artificiales fronteras administrativas no logran embridar realidades tercas que las trascienden. Que un extremo geográfico de España quiera arreglarse su “asunto” de forma individual y de la manera que le resulte más rentable es lógico y forma parte de las humanas ambiciones y del cabildeo político local, que esa actitud se respalde por quienes representan al Estado en su conjunto es una manifestación de ligereza cuyo exacto alcance el futuro irá desvelando poco a poco.

Me parece que nosotros tenemos poco que enseñar a los alemanes pues de aquel país hemos aprendido técnicas elementales, de allí hemos importado aquellas construcciones resistentes que han permitido echar a andar primero, y trepar después por laderas escarpadas, a las instituciones salidas del título VIII de la CE. ¿No resuenan en las sentencias de nuestro TC los razonamientos desgranados por los magistrados del Tribunal de Karlsruhe? ¿No es la doctrina de aquél país, la de Weimar y la posterior de Bonn, referencia constante entre nosotros? ¿Con qué materiales se han construido los principios de la prevalencia, de la supletoriedad o de la lealtad federal si no es con los ingredientes germanos? Todo ello debería haber sido motivo más que suficiente para que la prudencia nos obligara a dirigir nuestra mirada hacia aquella orilla del Rín y tomar apuntes de sus enseñanzas. Es sabido que el sistema federal alemán se ha reformado muchas veces pero la última experiencia que he contado en mis libros y artículos es concluyente y demuestra cuán alejadas están las maneras de proceder en un sistema federal serio y en el español.

Acaso el aspecto más preocupante de los Estatutos aprobados sea el de la relación bilateral entre el Estado y la Comunidad autónoma, alternativa al carácter multilateral entre el todo y las partes propio de los sistemas federales. Esta peligrosa senda abierta por algunas Comunidades autónomas y por la que se camina en el actual proceso de reforma estatutaria supondrá a medio plazo la fragmentación de las instituciones políticas y administrativas de España a menos que el TC declare la absoluta inconstitucionalidad de tal bilateralidad (no desde luego si se limita a interpretar y hacer distingos, semilla segura de futuros conflictos). Pone de relieve, además, algo importante: el pretendido clamor por crear un Senado como auténtica cámara territorial no es sino una falacia más de este proceso. Tal Senado (acerca de cuya posible configuración el Consejo de Estado ha dado pistas bien valiosas) no es realmente deseado por casi nadie, desde luego en ningún caso por las regiones españolas dominadas por la pasión “nacional”, que siempre aspirarán a entenderse “de tú a tú” con el poder central. Y, si además disponen de unos votos en el Congreso de los diputados con los que condicionar la definición de la política nacional, miel sobre hojuelas. Quien crea que esta es una vía para integrar a los nacionalismos periféricos, incurre en una ingenuidad que no por tierna deja de ser culposa. Y, como esta, la ingenuidad, puede descartarse en el hacer de las grandes organizaciones políticas, es probable que de lo que se trata con este debate sea únicamente de “marear” una perdiz que no lo necesita porque ya de suyo se halla bastante aturdida.

Respecto del “blindaje de las competencias” a tal o cual Comunidad autónoma hay que decir claramente: esta forma de acantonar competencias es una muestra más del traje anticuado que los redactores de las leyes estatutarias se empeñan en seguir vistiendo pues hablar hoy de competencias “blindadas” es acogerse a un concepto ya muerto, un concepto “zombi”, que pretende trivializar la interrelación de todas las intervenciones de los poderes públicos así como ignorar la proliferación de nuevos creadores de derecho en forma de estándares técnicos, arbitrajes, modalidades contractuales etc, que escapan incluso a la acción del Estado, tradicionalmente único poder legítimo pero sometido hoy al embate del “pluralismo de fronteras” (Ulrich Beck). Con esta impertinencia del blindaje de las competencias, y por seguir con el símil militar, se tiene además la impresión de que el pensamiento jurídico está disparando sobre un objetivo equivocado porque, de manera simplista, dirige sus baterías contra el Estado, único enemigo que en su imaginario rebañaría competencias ajenas para devorarlas glotonamente, cuando lo cierto es que el moderno alboroto y las turbulencias en el ejercicio de las competencias públicas se debe a la aparición en la escena de otros protagonistas y aun a otros escenarios que nadie puede seriamente desconocer.

De otro lado, si analizamos lo que está pasando en las negociaciones con los gobiernos de las Comunidades autónomas y miramos entre los renglones de la actividad administrativa, advertiremos rasgos que inquietan y ejemplos que emiten ya sonoras alarmas. Así, en el problema del agua chapotean conflictos derivados de la política de obras hidráulicas pero también de las previsiones de unos Estatutos que han tenido la mano larga a la hora de apropiarse de ríos enteros, incluso de aquellos que tienen la osadía de traspasar las fronteras españolas y adentrarse en algún país extranjero. “El río para el Estatuto por el que fluye” parece haber sido la proclama de una facundia autonómica que el Estado no ha sabido combatir con medios adecuados, todos ellos, por cierto, en la alcancía de la legislación española desde hace mucho tiempo. Hay ya incluso alguna provincia que pretende quedarse con “su” río, emulando así en avidez hídrica a sus hermanas mayores, las Comunidades autónomas. Solo falta que los municipios se apunten al festín. De ahí que se amontonen los pleitos y se llame a las puertas del Tribunal Constitucional para que este enderece los desaguisados que esparcen por doquier políticos tan largos de ambiciones como cortos de mesura en la administración de la “res publica”.

Por su parte, los dineros públicos han desatado una guerra entre Comunidades, enfrentadas hoy ya las ricas con las pobres, las del este con las del oeste, y las del sur con las del norte. Se lanzan entre ellas balanzas como proyectiles, o se recurre a acuñar criterios de inversión del Estado en función de los intereses de cada cual: quién blande la población, joven o envejecida, castiza o inmigrante, quién la superficie forestal, quién el turismo, solo falta que se invoque el consumo de sidra o el de paella para allegar recursos y construir fortunas regionales. Un deslizadero este que amenaza despeño, bendecido -de nuevo- por el Parlamento, por el Gobierno, incapaces de administrar el sacramento del orden y la disciplina en asunto de tanta sustancia. Ya veremos cómo se encarrila todo este embrollo y si será también el Tribunal de la calle Domenico Scarlatti de Madrid el que al final se vea obligado a concertar lo que los políticos han desconcertado. Y veremos qué secuelas deja: de agravios no satisfechos, de rencillas entre vecinos, de afrentas, todas a la espera de ser saldadas en algún combate próximo. La víctima siempre es la misma: la solidaridad entre los españoles, una de las piezas que justifican nada menos que al Estado moderno, construido precisamente para fabricar cohesión entre las clases sociales y entre los territorios.

Pues ¿qué decir de la Sanidad? Se ha publicado un libro “Integración o desmoronamiento. Crisis y alternativas del Sistema nacional de salud” firmado por Juan Luis Rodríguez-Vigil Rubio, político socialista que tuvo significadas responsabilidades en Asturias, donde se analiza sin vacua palabrería la situación en que se halla el que quiso ser “modelo” sanitario. Para Vigil “el Sistema nacional de Salud tiende cada vez más a configurarse como un sistema no excesivamente articulado, poco armónico, y de creciente heterogeneidad que, además, carece de instrumentos eficaces para fortalecer su cohesión, dado que para funcionar depende casi en exclusiva de la mejor o peor voluntad que en cada caso y momento tengan los Gobiernos autonómicos ... por lo que no resultan en absoluto extrañas las decisiones y los actos de descoordinación que emanan de los distintos integrantes del Servicio nacional de Salud y que favorecen claramente la fragmentación del conjunto”.

Un camino por el que se llega a situaciones tan pintorescas como la que ofrecen los distintos calendarios de vacunaciones o la más inquietante del gasto farmacéutico pues en algunas regiones se restringe la dispensación de unos fármacos que en otras se recetan con largueza. De igual forma son manifiestas ya las diferencias que existen entre Comunidades en relación con las listas de espera, con la salud bucodental, con los servicios de salud mental y otras especialidades y superespecialidades. El riesgo, para Vigil, es claro: se está a un paso del “descoyuntamiento del actual Servicio nacional, el cual podría llegar a mutar en diecisiete sistemas sanitarios diferentes”.

Por su parte, la ley de dependencia, estrella de la política social del Gobierno, se proyecta sobre la realidad de forma renqueante y por supuesto a diecisiete velocidades distintas pues todo queda al albur de la voluntad política, del dinero y los medios personales empleados, de las prioridades de cada región ... La mayoría de los ciudadanos que se acercan a las oficinas para que los servicios correspondientes valoren su grado específico de discapacidad pasan una auténtica crujía que solo tiene de emocionante el hecho de ser distinta y de diferente alcance en cada Comunidad autónoma.

Si pasamos a otro servicio público vertebrador, el de la educación, las conclusiones son las mismas, solo que en este ámbito nos encontramos en un estadio más maduro de fragmentación, agravado por la vuelta de tuerca que se percibe en la política lingüística de las Comunidades bilingües. Pero hay más: en el caso de la enseñanza superior, y respecto de los títulos universitarios, una responsabilidad indeclinable del Estado (artículo 149.1. 30 de la Constitución), la ley reciente de Universidades opera con una agresiva frivolidad: se suprime el modelo general de títulos por lo que el panorama que se avizora es el de una diversidad abigarrada de títulos de libre denominación en cada universidad, vinculados tan solo a directrices mínimas del Gobierno, válidas para vastas áreas de conocimiento, y a la intervención -más bien formal- de la Comunidad autónoma y del Consejo de Universidades, que siempre habrán de preservar “la autonomía académica de las Universidades”.

A todo esto hay que añadir la amenaza, que pende sobre el empleo público, de aprobar diecisiete leyes de funcionarios, y sobre la justicia que, si el Todopoderoso no lo remedia, verá nacer en breve diecisiete Consejos regionales judiciales, como si no fuera castigo suficiente el general de Madrid. Etc, etc ... Hemos vivido el episodio grotesco de la “licencia de caza”: nos hemos enterado entonces de los disparates a que el dogmatismo descentralizador nos aboca.
De verdad ¿exige la diosa de la autonomía que ardan en su pebetero tantas y tan variadas ofrendas?

Además, el Gobierno ha puesto en marcha el mencionado irreflexivo proceso de reforma de los Estatutos sin preguntarse previamente qué estaba funcionando bien y qué mal en nuestros servicios públicos, dando por buenas siempre las pretensiones de los gobernantes regionales -nacionalistas confesos a veces, otras simplemente conversos oportunistas-. Y, sin embargo, nos hacen tan serias señales desde instancias foráneas sobre el deterioro de muchos de esos servicios que unos gobernantes prudentes deberían prestarles atención. Los informes PISA sobre nuestra realidad educativa son demoledores; por su parte, nuestras Universidades, tan “autónomas” y “democráticas” ellas, ni por casualidad aparecen en lugares destacados cuando de su valoración mundial se trata. Y, últimamente, nada menos que el Parlamento europeo acaba de atizar una buena resplandina a las autoridades urbanísticas españolas poniendo en cuestión el modelo sobre el que se asienta el desarrollo de ciudades y costas.

Por si todo esto fuera poco, hemos contemplado el espectáculo de los presidentes de las Comunidades autónomas acudiendo a la Moncloa para plantear sus reivindicaciones financieras: justas, sin duda, destinadas -¿cómo podía ser de otra manera?- a mejorar la vida de los ciudadanos de sus territorios. Y al presidente del Gobierno tratando de contentarlos con la creación de tantos fondos que acabaremos añorando el castizo y caciquil fondo de reptiles. Ante este panorama, la pregunta que muchos nos hacemos es ¿por qué el presidente del Gobierno no se interesa nunca por la forma en que sus colegas regionales gastan sus dineros? Porque, a lo mejor, se descubre ahora que haber creado una Universidad por cada provincia es una prodigalidad sin justificación alguna. O que la política hospitalaria se rige por criterios de dudosa racionalidad. O que hay demasiados coches oficiales o demasiados asesores y gabinetes, o demasiadas empresas públicas, televisiones, consejos consultivos y órganos administrativos de cuestionada utilidad ... etc.

¿No se puede hablar de todo esto? Y sobre todo ¿no se debería hablar antes de proceder a reformar Estatutos o buscar nuevos cauces de financiación para las regiones? ¿Por qué el Gobierno no utiliza las armas de que dispone para comprobar la racionalidad del conjunto del modelo administrativo y de gestión pública que se está construyendo?
Si no queremos sucumbir en el desbarajuste, tal modelo es indispensable que exista, siendo el Gobierno, como custodio del interés general de España, y las fuerzas políticas que han de ser convocadas a un pacto, los llamados a velar por su vigor y energía ordenadora. Si miramos hacia atrás en la historia comprobamos que los Austrias implantaron un modelo administrativo y un sistema de gobierno, lo mismo hicieron los Borbones, y la revolución liberal trajo otro asentado en una concepción determinada del papel del Estado.

La época que estamos viviendo ¿cuenta de verdad con un modelo de gestión pública? ¿O simplemente se va haciendo esto o aquello en función de la coyuntura o de las vigilias propiciadas por los votos en tal o cual ocasión parlamentaria?

Este es el problema que debemos plantearnos. Sin sectarismos ni esas groseras descalificaciones que pasan por cargar en el debe de la derecha todos los males ni los bienes en el haber de la izquierda (o viceversa). Aunque solo sea porque ambas opciones han sido y son responsables de lo bueno y de lo malo que ha acontecido en España en el último cuarto de siglo: de los resplandores de los aciertos y de las sombras de los desaciertos. Entre estos últimos se halla claramente el navío averiado de una Administración ineficaz y cara, de un Estado cada vez más inerme, rebajado al deslucido papel de coordinador de territorios que ganan músculo, fuerza y potencia. Un Estado fragmentado y esqueletizado.

En fin, la alegría con la que se elaboran leyes y más leyes, todas iguales entre sí pero engendradoras de un desconcierto injustificado, multiplica los pleitos y los litigios judiciales creando lo que podríamos llamar el paraíso del rábula. Pero ¿es este el paraíso también del ciudadano de la calle?

Si, entre unos y otros, seguimos sin identificar el lugar exacto al que queremos llegar, el sistema español se llenará de elementos confederales, percepción que se acrecienta al contemplar el sistema del “cupo” en los territorios forales, originalidad española que, en términos hacendísticos, supone la antesala de la independencia. Pero ¿es la fórmula “hoy soy más confederal que ayer pero menos que mañana” un progreso? ¿O representan más bien un claro y espectacular retroceso histórico?

A mi juicio, es hora de reivindicar la implantación de junturas bien engrasadas, de potentes instrumentos de cohesión que den consistencia unitaria al Estado. Como es hora de invocar el principio de lealtad federal como gozne del Estado, como la bisagra que "sirve para facilitar el movimiento" o, si se prefiere,, el acomodo entre las piezas del sistema político descentralizado (federal, regional, o como se le quiera bautizar). La lealtad actúa así como telón de foro que es el que en el teatro cierra en rigor la escena prestando su sentido a la decoración toda.
Una lealtad que carece de cuerpo porque es más bien espíritu: la esencia o la substancia aglutinante (el adhesivo) de la organización política. Tal lealtad representa el confín que marca el territorio de las buenas maneras más allá del cual se abre otro en el que no es difícil que se extiendan la sombra del desconcierto y el germen del despropósito.

Marcos para ojos

Un buen marco hace más bonito un ojo.

Si son dos, ya ni te cuento.

Es... tetica

Las tres cosas más bonitas de una mujer son sus ojos (Con diferencia), sus gafas (Que enmarcan y realzan sus ojos) y su jersei (Que enmarca algo que ya de por sí resalta). Un par de tetrabricks naturales y una equilibrada linea de flotación también ayudan.